Lo que ocurrió

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, impulsa una sesión legislativa especial para redibujar los distritos congresionales del estado. Legisladoras demócratas lo califican de inconstitucional, pero profesores de derecho matizan: la redistribución a mitad de década no es ilegal por sí sola; sí lo es si se hace para beneficiar a un partido.

La representante Ashley Gantt, demócrata de Miami, afirmó que se trata de "un acto ilegal e inconstitucional" que "anula" un artículo inequívoco de la constitución estatal. Su colega RaShon Young, de Orlando, coincidió: "Es contrario a la constitución redibujar mapas para favorecer a un partido."

El 14 de abril, DeSantis insinuó que podría aplazar la sesión especial, aunque aseguró que un nuevo mapa se aprobaría "en las próximas semanas."

Por qué importa

El centro del debate es la enmienda Fair Districts, incorporada a la constitución de Florida mediante referéndum en 2010. Prohíbe trazar distritos "con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político o a un titular." También protege la representación de minorías raciales y lingüísticas.

Los republicanos controlan actualmente 20 de los 28 escaños congresionales de Florida. Una redistribución favorable podría alterar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes federal.

Michael Morley, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Florida, explicó a PolitiFact que cualquier nuevo mapa deberá justificarse por razones distintas al aumento de escaños republicanos. "Un tribunal evaluaría la totalidad de las circunstancias para determinar la intención legislativa", señaló.

Contexto histórico

La manipulación de distritos electorales con fines partidistas, conocida como gerrymandering, tiene raíces en Estados Unidos que se remontan a 1812. Florida respondió en 2010 con la enmienda Fair Districts, que eleva esa prohibición al rango constitucional.

La última redistribución se realizó en 2022 con datos del Censo de 2020. La constitución de Florida no prohíbe revisiones fuera del ciclo decenal, aunque las exige en el segundo año tras cada censo.

DeSantis ha alegado varias razones: una supuesta pérdida injusta de un escaño en el Censo de 2020, el crecimiento poblacional posterior (los republicanos ahora superan a los demócratas registrados en 1,5 millones, una inversión desde 2020) y una próxima sentencia del Tribunal Supremo federal sobre la Ley de Derechos Electorales.

Perspectivas [Análisis experto]

Los expertos legales señalan que el litigio girará en torno a la intención demostrable, no a la fecha de la redistribución. Si se documenta una finalidad partidista explícita, cualquier nuevo mapa enfrenta un alto riesgo de ser anulado judicialmente. La sentencia del Tribunal Supremo, prevista para finales de junio o principios de julio, podría redefinir el marco legal aplicable, con repercusiones potenciales en todo el país de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.